Espíritu Emprendedor TES 2026, Vol 10, No. 2 abril a junio 75-91
Arculo Cienco
Indexada Landex Catálogo 2.0
ISSN 2602-8093
DOI: 10.33970/eetes.v10.n2.2026.474
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Evaluación de la eficiencia fiscal del subsidio al diésel en Ecuador durante el
periodo 2007-2025
Evaluation of the Fiscal Efficiency of the Diesel Subsidy in Ecuador During the
Period 2007–2025
Andrea Rodríguez Aranda
Afiliación Institucional: Universidad Internacional el Ecuador, Quito-Ecuador
Autor para correspondencia: anrodriguezar@uide.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-7970-1939
Mercy Namicela Toledo
Afiliación Institucional: Universidad Internacional del Ecuador; Quito-Ecuador
Email: menamicelato@uide.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5363-6166
Darío Hurtado Cuenca
Afiliación Institucional: Universidad Internacional del Ecuador; Quito-Ecuador
Email: cehurtadocu@uide.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2711-107X
Líneas de publicación: Administración, Turismo, Marketing, diseño, tecnología y
comunicación Innovación Tecnológica
Fecha de recepción: 6 de marzo del 2026
Fecha de aceptación: 9 de abril del 2026
Artículo revisado por doble pares ciegos
Resumen. En el presente trabajo de investigación se evaluó la eficiencia fiscal del
subsidio al diésel en Ecuador durante el periodo 2007–2025, para lo cual, se delimitó al
ámbito fiscal del subsidio, sin considerar otras externalidades económicas o
ambientales. El objetivo se alcanzó, utilizando un enfoque cuantitativo con un diseño
longitudinal no experimental, sustentado en un modelo de contabilidad fiscal, lo que
permitió estimar el costo del subsidio y evaluar su eficiencia en función del retorno
social de la inversión pública. Para ello, se emplearon tres medidas fundamentales:
costo fiscal, costo de oportunidad y Eficiencia Fiscal Marginal (EFM), utilizada como
indicador del retorno social generado por cada dólar de gasto público.
Los datos utilizados para la estimación de estas variables provinieron de registros
administrativos del Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas,
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EP Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
No Renovables, así como de precios internacionales de referencia proporcionados por la
U.S. Energy Information Administration y el Banco Mundial.
Dentro de los principales resultados obtenidos, se encontró que el Estado ecuatoriano
destinó aproximadamente 64 mil millones de dólares como subsidio al diésel durante el
periodo analizado, con una EFM cercana a cero. Este resultado al contrastar con los
retornos sociales observados en educación (1,65) y salud (1,46), evidencia una
asignación ineficiente de los recursos públicos. Bajo el enfoque del Total Carbon
Pricing (TCP), estos subsidios incentivaron el consumo excesivo y beneficiaron en
mayor medida a los deciles de mayores ingresos, confirmando su carácter regresivo. Los
hallazgos sugieren la necesidad de replantear la asignación de estos recursos y
orientarlos hacia sectores con mayores retornos sociales, a fin de fortalecer la
sostenibilidad fiscal y el bienestar social.
Palabras clave: Eficiencia fiscal, costo de oportunidad, regresividad, precio del
carbono, retorno social.
Abstract. In the present research, the fiscal efficiency of the diesel subsidy in Ecuador
was evaluated for the period 2007–2025, for which the analysis was delimited to the
fiscal scope of the subsidy, without considering other economic or environmental
externalities. The objective was achieved using a quantitative approach with a non-
experimental longitudinal design, supported by a fiscal accounting model, which made
it possible to estimate the cost of the subsidy and assess its efficiency in terms of the
social return on public investment. To this end, three fundamental measures were
employed: fiscal cost, opportunity cost, and Marginal Fiscal Efficiency (MFE), used as
an indicator of the social return generated by each dollar of public spending.
The data used to estimate these variables were obtained from administrative records of
the Central Bank of Ecuador, the Ministry of Economy and Finance, EP Petroecuador,
and the Agency for the Regulation and Control of Energy and Non-Renewable Natural
Resources, as well as international reference prices provided by the U.S. Energy
Information Administration and the World Bank.
Among the main results, it was found that the Ecuadorian State allocated approximately
64 billion dollars to the diesel subsidy during the analyzed period, with an MFE close to
zero. This result, when contrasted with the social returns observed in education (1.65)
and health (1.46), indicates an inefficient allocation of public resources. Under the Total
Carbon Pricing (TCP) framework, these subsidies encouraged excessive consumption
and disproportionately benefited higher-income deciles, confirming their regressive
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nature. The findings suggest the need to reconsider the allocation of these resources and
redirect them toward sectors with higher social returns, in order to strengthen fiscal
sustainability and social welfare.
Keywords: Fiscal efficiency, opportunity cost, regressivity, carbon price, social return.
Introducción
Se estima que, en las naciones en desarrollo, los subsidios a los combustibles fósiles son
una herramienta de política pública muy controvertida. Esto se debe a su alto costo
fiscal, al impacto negativo que generan sobre el medio ambiente y a la dudosa eficacia
que tienen para lograr una distribución equitativa. A pesar de que los subsidios
energéticos se han empleado, históricamente, como herramientas para estabilizar la
sociedad y controlar la inflación, el estudio empírico indica que tienden a provocar
distorsiones en las señales de precios, promueven un consumo excesivo de recursos
fósiles y consumen una porción importante del gasto público que podría ser usada en
áreas con un retorno social más beneficioso.
En el contexto de la economía climática contemporánea, la discusión acerca de cómo
fijar el precio del carbono ha pasado de considerar instrumentos claros, como los
sistemas de comercio de emisiones o los impuestos al carbono, a enfoques más
integrales. El precio total al carbono (siglas en inglés TCP) es un concepto que
considera los subsidios al consumo, así como los impuestos indirectos sobre la energía
como precios implícitos del carbono. En concreto, los subsidios a la compra son como
un "precio negativo" que aumenta las ineficiencias del mercado. Desde este punto de
vista, los subsidios a los combustibles no son únicamente una cuestión fiscal; también
constituyen un impedimento estructural para la eficaz distribución de recursos y para la
eliminación del carbono.
Las investigaciones sobre finanzas públicas están de acuerdo en que un costo energético
eficiente debe tener en cuenta el costo marginal del suministro, las externalidades en
términos ambientales y las necesidades de recaudación impositiva. La falta sistemática
de estos elementos implica que existen subsidios implícitos significativos, los cuales
han llegado a varios puntos porcentuales del PIB en todo el mundo. Además, muchos
estudios demuestran que los subsidios universales a la energía son regresivos en
términos de distribución, ya que favorecen de manera excesiva a las familias más ricas y
se convierten en un instrumento de protección social poco efectivo.
Durante décadas, el subsidio al diésel ha sido un pilar de la política fiscal y energética
de Ecuador. Y aunque el tema se ha discutido públicamente con todo el peso
presupuestario, se ha tendido a enfocar en su impacto inmediato en el transporte y en los
precios. Así, ha eludido el análisis de eficacia fiscal y coste de oportunidad de estos
recursos. Con las crecientes necesidades de invertir en capital humano y las continuas
restricciones presupuestarias, ¿es éste un modo socialmente eficiente de gastar el dinero
público?
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Para ello, la investigación mide la efectividad tributaria del subsidio al diésel en
Ecuador, a través de un análisis cuantitativo del costo de oportunidad en la asignación
del gasto público entre 2007 y 2025. A diferencia de los métodos que buscan identificar
relaciones causales o modelos de comportamiento, aquí se aplica una metodología fiscal
contable para medir el retorno social comparado del subsidio al diésel con el gasto en
sectores prioritarios como educación y salud.
Con este objetivo, se desarrollan tres métricas adicionales: el costo fiscal directo del
subsidio, el costo de oportunidad que surge al no destinar esos recursos a áreas con un
mejor retorno social y la eficiencia fiscal marginal como una medida compuesta del
efecto social por cada dólar gastado. El análisis se basa en datos de la administración
oficial, precios internacionales de referencia y estimaciones de rendimientos sociales
por sector, lo que posibilita una valoración a largo plazo del rendimiento fiscal del
subsidio.
A partir de lo que se ha dicho anteriormente, el presente artículo aporta a la literatura
sobre subsidios energéticos y finanzas públicas en tres formas particulares. Elabora y
utiliza, en primer lugar, una métrica integrada de eficiencia fiscal que mezcla el costo
fiscal directo, el costo de oportunidad y la eficiencia fiscal marginal (EFM). En segundo
lugar, realiza la primera estimación del costo total acumulado del subsidio al diésel en
Ecuador desde 2007 hasta 2025. Para esto, emplea precios internacionales y fuentes
oficiales de administración; esto posibilita determinar su carácter procíclico y su
susceptibilidad a impactos externos. En tercer lugar, la investigación vincula
analíticamente la política fiscal, la economía climática y la economía política. En
general, la evidencia respalda las reformas fiscales energéticas para mejorar la equidad
distributiva y la sostenibilidad fiscal en economías emergentes. Ilustra cómo un gasto
ineficiente y regresivo en energía limita la capacidad del Estado para invertir en sectores
de alto impacto social, como educación y salud.
Marco Teórico
La política de subsidios es una vía adecuada para redistribuir los ingresos, sin embargo,
si no es controlado, este puede no cumplir con el objetivo y beneficiar a los sectores
mayormente privilegiados, lo que ocasionaría que el retorno social no sea eficiente. Esta
sección proporciona un análisis crítico y organizado de los marcos teóricos más
destacados que se han empleado en los estudios analizados, en contraste con enfoques
lineales o reduccionistas, evitando así la exposición de hallazgos inconexos y sin
articulación conceptual.
El Paradigma del "Total Carbon Pricing" (TCP) y las Ineficiencias de Mercado
En la frontera de la economía climática actual, la valoración del carbono ha trascendido
la simple implementación de impuestos directos. Agnolucci, Gencer y Helne (2024)
introducen el concepto de Total Carbon Pricing (TCP) como una métrica holística que
integra los precios directos del carbono (impuestos al carbono y sistemas de comercio
de emisiones, ETS) con los instrumentos de precios indirectos, específicamente los
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impuestos especiales a los combustibles y los subsidios al consumo. Bajo este marco,
los subsidios a la energía se definen técnicamente como un "precio de carbono
negativo" que distorsiona las señales de precios, incentiva el sobreconsumo de recursos
fósiles y anula los incentivos para la descarbonización.
De acuerdo con Coady, Parry, Le y Shang (2019), un precio energético se considera
eficiente solo cuando internaliza el costo marginal de suministro, las externalidades
ambientales (como el calentamiento global y la contaminación local) y las necesidades
de recaudación fiscal. En este caso, los subsidios post-tax a nivel global se estimaron en
USD 4.7 billones (6.3% del PIB mundial) en 2015, ascendiendo a USD 5.2 billones
(6.5% del PIB) en 2017. Esta magnitud evidencia que la subvaloración de los costos
ambientales (calentamiento global y contaminación local) supera con creces los
esfuerzos de recaudación fiscal. El carbón y el petróleo representaron el 85% de estos
subsidios globales en 2015, subrayando la urgencia de reformas estructurales en estos
sectores. Coady, Parry, Le y Shang (2019) sostienen que omitir estos costos equivale a
otorgar un subsidio implícito masivo que fomenta la ineficiencia económica y
compromete la sostenibilidad del presupuesto público.
Una conclusión común en la literatura es que los subsidios generalizados a la energía
son instrumentos ineficientes de protección social por ser altamente regresivos. En este
contexto Arze del Granado, Coady y Gillingham (2010), demuestran que, en promedio,
el quintil más rico de la población captura seis veces más beneficios de los subsidios
que el quintil más pobre, convirtiendo a los subsidios en una herramienta de
transferencia de riqueza inversa. Por ello se considera que, esta "filtración" de los
subsidios en el caso de la gasolina, el quintil superior se apropia del 61.3% del subsidio
total, en tanto que el quintil inferior recibe sólo el 3.0%.
En el contexto de Ecuador, Jara, Lee, Montesdeoca y Varela (2018) identifican una
dualidad crítica: mientras el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) es progresivo
debido a su peso en la canasta de los hogares de bajos ingresos, los subsidios al diésel y
las gasolinas son altamente regresivos, beneficiando primordialmente a los deciles con
mayor capital y capacidad de consumo.
Esta persistencia pro-rica es analizada también por Giuliano, Lugo, Masut y Puig (2020)
en Argentina, donde los subsidios generalizados coexisten con tarifas sociales
focalizadas que, a pesar de sus intenciones, mantienen errores significativos de
inclusión en estratos medios y altos. Asimismo, Cockburn, Robichaud y Tiberti (2018)
advierten que, sin medidas compensatorias, la eliminación de subsidios exacerba la
pobreza a través del incremento en los precios de bienes no energéticos que utilizan
energía como insumo intermedio.
La evaluación del impacto de las reformas depende de la comprensión de la Variación
Compensatoria (VC). Groot y Oostveen (2019) utilizan funciones de utilidad Cobb-
Douglas y Quasilineales para demostrar matemáticamente que el ahorro fiscal derivado
de la eliminación de la ineficiencia del subsidio siempre supera el costo necesario para
compensar a los más vulnerables mediante transferencias directas, permitiendo una
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mejora en el sentido de Pareto. No obstante, la respuesta de los hogares ante choques de
precios es asimétrica y depende de la magnitud del choque.
Peersman y Wauters (2024) documentan que la elasticidad de la demanda de energía es
mucho más fuerte ante aumentos de precios que ante disminuciones lo que sugiere que
las reformas de precios tienen un impacto persistente en la conservación de energía,
especialmente en hogares con baja liquidez que deben recortar gastos en consumo no
energético (alimentos, salud) para cubrir el aumento en la factura energética. En el
escenario de Irán, Zarepour y Wagner (2022) señalan que, a pesar de la redistribución
total de los ahorros como transferencias en efectivo, la inflación posterior erosionó el
bienestar real, provocando una contracción del 7% al 9% en el consumo real de las
familias
Además, la Propensión Marginal al Consumo (PMC) después de pagar la factura
energética varía drásticamente según la vulnerabilidad financiera. En Bélgica, los
hogares con baja liquidez presentan una PMC de hasta 0.92, lo que significa que casi la
totalidad del choque de precios se traslada a una reducción del consumo no energético,
mientras que los hogares financieramente seguros absorben el impacto reduciendo sus
ahorros (PMC de 0.40).
Microsimulación Estática y Estabilizadores Automáticos
Para la evaluación ex-ante de estas políticas, la literatura destaca el uso de
infraestructuras de investigación como EUROMOD y su versión ecuatoriana
ECUAMOD. Sutherland y Figari (2013) y Figari, Paulus y Sutherland (2014) explican
que la microsimulación estática permite aislar los efectos de los cambios discrecionales
en la política de la respuesta de los estabilizadores automáticos del sistema fiscal.
Paulus y Tasseva (2020) analizan cómo, durante la crisis europea de 2007-2014, los
beneficios actuaron como el principal motor de estabilización para los pobres, mientras
que los impuestos lo fueron para los estratos altos. En tal sentido, enfatizan que la
capacidad intrínseca de los impuestos y beneficios para absorber choques de mercado es
crucial cuando el espacio fiscal para políticas discrecionales es limitado.
En países en desarrollo, Jara y Varela (2019) validan que las simulaciones capturan con
mayor precisión la base impositiva que los datos reportados en encuestas, los cuales
suelen subestimar el ingreso de los deciles superiores. Complementariamente, Jouste y
Rattenhuber (2018) exploran el rol de las pensiones universales como mecanismos de
reciclaje de ingresos, encontrando que podrían reducir significativamente la pobreza en
países como Ghana y Tanzania donde no existen pensiones contributivas sólidas.
Basado en la literatura, se puede considerar que la reforma de los subsidios no es
meramente un problema técnico de expertos, sino un desafío de economía política
vinculado al contrato social. McCulloch, Moerenhout y Yang (2020) señalan, en el caso
de Nigeria, que el 70% de la población se opone a la reforma debido a la desconfianza
en la gestión de los fondos ahorrados y la insatisfacción con los servicios públicos. En
este sentido, el apoyo a la reforma está intrínsecamente ligado a la satisfacción con los
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servicios públicos: los ciudadanos aceptan pagar más si perciben que el Estado mejora
la salud y la educación de manera tangible.
Schaffitzel, Jakob, Soria, Vogt-Schilb, & Hauke (2019) sugieren que, en Ecuador, una
reforma exitosa debe vincular la eliminación del subsidio con un aumento del Bono de
Desarrollo Humano (BDH) en aproximadamente USD 50 mensuales, lo que otorgaría
beneficios netos del 10% de ingreso adicional al quintil más pobre.
El UNDP (2021) advierte que las reformas fallidas (como en Francia con los Gilets
Jaunes o en Chile con las tarifas del metro) a menudo carecieron de una comunicación
estratégica clara que explicara la regresividad del subsidio, donde transferir USD 1 a los
pobres puede costar USD 33 debido a la filtración hacia los ricos. El éxito depende,
según el IMF (2013), de implementar medidas compensatorias visibles, como
transferencias monetarias o beneficios infantiles, antes o simultáneamente al aumento
de los precios
Experiencias en Indonesia demuestran que el uso de programas de transferencias como
el Bantuan Langsung Tunai (BLT) fue clave para mitigar las protestas y reducir la
pobreza simultáneamente al alza de precios. Por el contrario, en Irán, a pesar de que el
gobierno redistribuyó el 80% del ahorro como transferencias en efectivo, la inflación
posterior y las sanciones económicas erosionaron el bienestar real, provocando una
contracción del 7% al 9% en el consumo real de los hogares.
Es por ello que, la transición hacia mecanismos de compensación eficientes requiere
considerar la heterogeneidad regional de la vulnerabilidad. Rentschler (2016) argumenta
que un análisis a nivel nacional es insuficiente, ya que la vulnerabilidad varía
drásticamente según la zona geográfica; una compensación uniforme que parece
efectiva en el promedio nacional puede fallar en mitigar choques en estados específicos,
provocando focos de inestabilidad social.
Asimismo, Jouste y Rattenhuber (2018) exploran cómo las pensiones universales
podrían actuar como un mecanismo de reciclaje de ingresos superior en países como
Ecuador, Ghana y Tanzania, reduciendo la pobreza de manera más eficiente y
transparente que los subsidios energéticos ineficientes. Finalmente, la teoría del diseño
tarifario de Humes y Farrell (2025) sugiere que la elección entre un cargo fijo o un
recargo por unidad depende de las preferencias sociales por la igualdad: aunque un
recargo por unidad genera una distorsión de precios, suele ser el mecanismo preferido
cuando existe una aversión moderada a la desigualdad.
A partir de los estudios de caso del FMI (2013), se extraen lecciones de gobernanza para
22 países:
Tabla 1.
Matriz de estrategias de reforma a los subsidios energéticos y mecanismos de
mitigación.
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País
Estrategia Clave de Reforma
Resultado o Impacto en la
Gobernanza
Brasil
Gradualismo sectorial: Eliminación
prioritaria en sectores con poca
resistencia política (asfalto,
lubricantes).
Permitió avanzar en la reforma
antes de enfrentar sectores
sensibles como el transporte
(diésel).
Filipinas
Despolitización institucional:
Privatización del sector y creación
de un marco regulatorio
independiente.
Logró separar la fijación de
precios de la presión política
directa del gobierno.
Namibia
Mecanismos de suavizado:
Implementación de fórmulas para
amortiguar la volatilidad
internacional.
Mantuvo la paz social al evitar
choques de precios repentinos y
extremos.
Uganda
Eficiencia operativa: Inversión en
infraestructura antes y durante el
alza de tarifas.
La mejora tangible en el servicio
hizo que el aumento de precios
fuera aceptable para la
ciudadanía.
Egipto y
Jordania
Reciclaje de ingresos (Infancia):
Reinversión del ahorro fiscal en
beneficios y subsidios infantiles.
Creó un escenario "ganar-ganar"
que compensó el impacto
inflacionario en los hogares con
niños.
Indonesia
Transferencias Directas (BLT): Uso
de programas monetarios visibles y
rápidos.
Mitigó eficazmente las protestas
sociales y redujo la pobreza de
forma simultánea al ajuste.
Nigeria
Lección de desconfianza: Intento de
reforma con baja credibilidad
institucional.
El 70% de la población se opuso
debido a la mala percepción de
los servicios públicos y la gestión
de fondos.
Nota. Información obtenida del FMI (2013) y Cockburn, Robichaud y Tiberti (2018).
Fuente: elaboración propia
La sostenibilidad fiscal y climática pasa por ponerle mejores precios. La literatura
revisada coincide en que el beneficio fiscal siempre supera el coste compensatorio,
haciendo posible reformas neutras o progresivas en equidad. Pero el éxito depende de:
• Transparencia: Para que puedan competir con otras áreas, hay que hacer visible
en el presupuesto lo que realmente cuestan los subsidios.
• Focalización: Reemplazar los subsidios generalizados por transferencias directas
de precisión, basadas en registros sociales actualizados.
• Gradualismo: Realizar cambios automatizados y graduales que permitan a las
firmas y los hogares tiempo para ajustarse.
• Inversión Social: Para crecer más en el largo plazo, se tienen que desviar
recursos hacia sectores de alta EFM, como educación y salud.
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En suma, reformar los subsidios energéticos no es un problema técnico, sino de
economía política y de generar confianza institucional. La única forma de una economía
descarbonizada y justa es reinvirtiendo socialmente, para liberarnos de la dependencia
histórica a los combustibles baratos.
Materiales y Métodos
Diseño. Se presenta un estudio de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental,
longitudinal y analítico-descriptivo. La investigación emplea un modelo de contabilidad
fiscal parcial de tipo ex-post para evaluar la eficiencia del gasto público. A diferencia de
los modelos de equilibrio general, este diseño se centra en la carga económica directa y
el costo de oportunidad, sin modelar comportamientos microeconómicos inducidos o
efectos indirectos.
Población. La población objeto de estudio está compuesta por la totalidad de los
registros administrativos relacionados con la comercialización del diésel en el Ecuador
entre los años 2007 y 2025. Es por ello por lo que, este universo está formado por las
series oficiales del consumo nacional de combustible diésel, los precios internacionales
de referencia y la información fiscal vinculada al subsidio energético que fue capturado
por las entidades que se encargan de este importante sector de la economía. Al tratarse
de un análisis macro-fiscal basado en registros administrativos nacionales, no se realizó
un muestreo probabilístico; en su lugar, se utilizó el censo de registros presupuestarios y
de consumo reportados por las entidades rectoras de hidrocarburos y finanzas.
Entorno. El estudio se sitúa en el ámbito macroeconómico y fiscal de Ecuador,
analizando la interacción entre las políticas de subsidios del Gobierno Central y las
fluctuaciones de precios del mercado energético internacional. El entorno de datos es
institucional, derivado de los sistemas de información financiera del Estado y
organismos internacionales de energía.
Intervenciones.
Para la cuantificación de las variables, se aplicaron tres procedimientos de cálculo
matemático basados en la normativa de contabilidad fiscal:
• Cálculo del Costo Fiscal (): Se estima el gasto directo anual multiplicando el
volumen de consumo total () por la diferencia entre el precio promedio de
mercado internacional (
) y el precio de venta interna subsidiado ().
󰇛
󰇜 (1)
Este cálculo permite identificar el valor acumulado del subsidio, que entre 2007 y
2025 ascendió a USD 64.409 millones.
• Estimación del Costo de Oportunidad (): Se define como el beneficio social
que el país dejó de percibir al no reasignar los recursos del subsidio a sectores con
mayor rentabilidad. Se calcula multiplicando el costo fiscal por el coeficiente de
Retorno Social () potencial de sectores estratégicos.
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 (2)
• Determinación de la Eficiencia Fiscal Marginal (): Es la métrica final
para medir el retorno social por cada dólar gastado.


(3)
Bajo este modelo, los valores de EFM cercanos a cero indican un gasto ineficiente
(como el del diésel), mientras que valores mayores a uno indican una inversión
con efecto multiplicador.
Análisis Estadístico. El tratamiento de datos se realizó mediante análisis de series
temporales y consolidación de bases de datos relacionales. Se utilizaron las siguientes
fuentes primarias:
• Sector Monetario y Fiscal: Banco Central del Ecuador (BCE) y Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) para datos de PIB y presupuesto.
• Sector Hidrocarburífero: EP Petroecuador y la Agencia de Regulación y
Control (ARCERNNR) para métricas de consumo y precios.
• Referenciales Internacionales: U.S. Energy Information Administration (EIA)
y Banco Mundial, para la validación de precios de mercado internacional.
Los resultados se expresan en valores monetarios nominales y reales (USD),
permitiendo identificar que la ineficiencia acumulada en el periodo de estudio alcanzó
los USD 64.409 millones.
Resultados y Discusión
El análisis cuantitativo de la eficiencia fiscal del subsidio al diésel en Ecuador revela
una trayectoria de ineficiencia estructural y un costo de oportunidad masivo para el
desarrollo humano entre los años 2007 y 2025. Los hallazgos se desglosan a
continuación bajo los criterios de carga fiscal, retorno social y eficiencia marginal.
Evaluación de la Carga Fiscal Histórica y Sostenibilidad Macroeconómica
El análisis de los registros presupuestarios y los volúmenes de consumo suministrados
por EP Petroecuador y el BCE confirma que el subsidio al diésel ha sido un factor
desestabilizador de las finanzas públicas.
Figura 1.
Costo fiscal del subsidio al diésel en Ecuador, 2007 – 2025 (dólares corrientes)
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Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA).
• Impacto Acumulado y Peso en el PIB: Durante el periodo 2007–2025, el
Estado ecuatoriano destinó un total acumulado de USD 64,409 millones al
sostenimiento de este subsidio. En términos macroeconómicos, esta cifra
representó un promedio anual del 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y una
participación media del 6.7% del Gasto Público Total.
• Volatilidad Pro-cíclica: Se identificó que el gasto alcanzó su pico histórico en
el año 2022, impulsado directamente por la volatilidad y el incremento en los
precios internacionales del crudo Brent, lo que evidencia la vulnerabilidad del
presupuesto estatal ante choques externos imprevistos.
• Ahorro por Consolidación Fiscal: se proyecta una reducción drástica del costo
fiscal a aproximadamente USD 1,408 millones para el cierre del periodo 2025.
Este cambio de política genera un espacio fiscal liberado equivalente al 2.4% del
PIB anual, permitiendo una transición de un modelo de gasto ineficiente hacia
uno de inversión estratégica.
Retorno Social y Cuantificación del Costo de Oportunidad
Utilizando modelos de valoración de beneficios sociales, se estimó el bienestar que el
país dejó de percibir al priorizar el consumo de combustibles fósiles sobre el capital
humano.
Figura 2.
Evolución del costo fiscal, retorno social y costo de oportunidad del subsidio al diésel
(2007–2025)
$0,00
$1,00
$2,00
$3,00
$4,00
$5,00
$6,00
Miles de millones
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Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA), Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas.
• Dinámica del Retorno Social (RS): Los resultados demuestran que, mientras la
inversión pública general se sofisticaba, el RS potencial de sectores estratégicos
como educación y salud creció de forma sostenida, pasando de un coeficiente de
1.38 en 2007 a 1.56 en 2025. Esto implica que, por cada dólar reasignado, la
sociedad percibiría hoy un beneficio un 56% superior a la inversión inicial.
Tabla 2.
Costo fiscal, retorno social y costo de oportunidad del subsidio al diésel (2007–2025)
Año
Costo fiscal
Retorno
social
Costo de oportunidad
2007
$ 2.513.032.551,27
1,38
$ 3.467.984.920,76
2014
$ 4.451.404.440,00
1,46
$ 6.499.050.482,40
2020
$ 1.660.484.826,00
1,5
$ 2.490.727.239,00
2025
$ 1.408.491.124,93
1,56
$ 2.197.246.154,89
Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA), Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas.
• Brecha de Bienestar Perdido: En los periodos de mayor presión fiscal (2012–
2014 y 2022), el Costo de Oportunidad (CO) superó los USD 8,000 millones
anuales. Un caso crítico se observa en el año 2014: ante un costo fiscal de USD
4,451 millones, el país incurrió en un CO de USD 6,499 millones. En términos
acumulados, la persistencia del subsidio impidió capturar beneficios sociales
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equivalentes a miles de millones de dólares que habrían fortalecido la salud y la
educación nacional.
Eficiencia Fiscal Marginal (EFM) y Comparativa Sectorial
Para determinar la productividad del gasto público, se calculó la Eficiencia Fiscal
Marginal (EFM), métrica que permite discernir el impacto real de un dólar adicional
invertido en diferentes rubros.
Figura 3.
Eficiencia fiscal del subsidio vs. retorno social en educación y salud (2007–2025).
Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA), Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas.
• Esterilidad del Gasto en diésel: La EFM del subsidio al diésel se mantuvo
sistemáticamente cercana a cero durante las dos décadas de estudio, registrando
valores ínfimos (de 5.5E-10 en 2007 a 1.1E-09 en 2025). Esto confirma
analíticamente que el subsidio no genera efectos multiplicadores en el desarrollo
económico y se comporta como un gasto muerto desde la perspectiva de la
eficiencia pública.
Tabla 3.
EFM del subsidio y retorno social comparado (2007–2025).
Año
EFM subsidio
RS educación
RS salud
2007
5,5E-10
1,45
1,3
2012
3,2E-10
1,52
1,35
2020
9,0E-10
1,59
1,4
2025
1,1E-09
1,65
1,46
Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA), Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas.
0,0E+00
2,0E-10
4,0E-10
6,0E-10
8,0E-10
1,0E-09
1,2E-09
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
Retorno social educación Retorno social salud Eficiencia fiscal marginal
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• Superioridad del Multiplicador Social: En contraste, la EFM de los sectores de
bienestar es exponencialmente más alta. Para el año 2025, el sector educación
presenta una EFM de 1.65, mientras que el sector salud registra 1.46. La
comparativa (ver Tabla 1) es irrefutable: la reorientación del gasto hacia la
inversión social maximiza la rentabilidad pública y la sostenibilidad del contrato
social.
Tabla 4.
Comparativa de Eficiencia Fiscal y Retorno Social (2025)
Sector de Gasto
Eficiencia Fiscal Marginal (EFM)
Retorno Social (RS)
Subsidio al Diésel
1.1E-09
--
Educación
--
1.65
Salud
--
1.46
Nota. Información obtenida de EP Petroecuador, ARCERNNR, BCE y U.S. Energy
Information Administration (EIA), Banco Mundial, Ministerio de Economía y Finanzas.
• Incidencia Distributiva: Los resultados confirman que el subsidio no solo es
ineficiente, sino regresivo, capturado mayoritariamente por los deciles
superiores de ingreso, lo que exacerba la desigualdad estructural en lugar de
mitigar la pobreza.
Discusión
La evaluación de la eficiencia fiscal del subsidio al diésel en Ecuador (2007–2025)
revela una contradicción estructural entre la asignación de recursos y el bienestar
nacional. Los resultados se discuten a continuación contrastando la evidencia local con
la literatura económica internacional.
a. La Paradoja de la Eficiencia y el Costo de Oportunidad Social
El hallazgo más crítico de esta investigación es la brecha abismal en la Eficiencia Fiscal
Marginal (EFM). Mientras que el subsidio al diésel presenta una EFM de 1.1E-09 en
2025, los sectores de educación y salud muestran retornos de 1,65 y 1,46,
respectivamente. Esta disparidad valida la teoría del costo de oportunidad crítico,
planteada por el UNDP (2021) y IMF (2013), sugiriendo que el mantenimiento de
subsidios fósiles actúa como una barrera estructural que impide capturar beneficios
multiplicadores en el desarrollo humano.
Desde una perspectiva técnica, el gasto acumulado de USD 64.409 millones puede
catalogarse como una "inversión estéril" o gasto de bajo impacto. Esta inercia fiscal
evitó la acumulación de capital humano, confirmando lo expuesto por Cockburn,
Robichaud y Tiberti (2018) y Groot y Oostveen (2019): el ahorro fiscal derivado de
eliminar distorsiones es siempre superior al costo de compensación, permitiendo una
mejora en el sentido de Pareto si los recursos se resignan a sectores con alto retorno
social.
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b. Regresividad Estructural y el Fenómeno del "Leakage" Fiscal
Nuestros resultados confirman que el subsidio al diésel es socialmente regresivo,
concentrando sus beneficios en los deciles superiores de ingreso. Este patrón se alinea
con la evidencia global de Arze del Granado, Coady y Gillingham (2010) y Rentschler
(2016), donde se documenta que el quintil más rico captura en promedio seis veces más
subsidio que el más pobre debido a su mayor capacidad de consumo y propiedad de
activos.
En el contexto específico de Ecuador, Jara, Lee, Montesdeoca y Varela (2018) y
Schaffitzel, Jakob, Soria, Vogt-Schilb y Hauke (2019) demuestran que, a diferencia del
gas doméstico que es progresivo, los combustibles líquidos exacerban la desigualdad
estructural. La ineficiencia es tal que transferir USD 1 a los pobres mediante este
esquema puede costar al Estado hasta USD 20 debido a la "fuga" (leakage) de
beneficios hacia estratos altos. Por tanto, la eliminación del subsidio mediante el
Decreto Ejecutivo N.º 126 (2025) no es solo una medida fiscal, sino un imperativo de
justicia redistributiva que libera el 2,4 % del PIB para programas realmente focalizados.
c. El Subsidio como "Precio de Carbono Negativo" y su Compensación
Bajo el paradigma del Total Carbon Pricing (TCP) propuesto por Agnolucci, Gencer, &
Helne (2024), el subsidio al diésel en Ecuador ha operado como un "precio de carbono
negativo". Al mantener precios artificialmente bajos (USD 1,037 frente a un costo de
producción de USD 2,045), el Estado no solo incentiva el sobreconsumo y la
ineficiencia energética, sino que neutraliza cualquier incentivo hacia la
descarbonización.
El éxito de la reforma de 2025 depende de la aceptabilidad social y la confianza
institucional. La literatura advierte que la eliminación de subsidios puede detonar
inestabilidad si no se vincula explícitamente con mejoras en servicios públicos.
Nuestros datos sugieren que reciclar los ahorros para incrementar el Bono de Desarrollo
Humano (BDH) en aproximadamente USD 46 a USD 50 mensuales elevaría el ingreso
del quintil pobre en un 10 %, haciéndola progresiva. No obstante, Zarepour y Wagner
(2022) advierten que, sin indexación, la erosión inflacionaria puede reducir el bienestar
real en el mediano plazo, subrayando que la reasignación hacia educación y salud es la
vía más robusta para garantizar la sostenibilidad del contrato social.
Conclusiones
El subsidio al diésel presenta una Eficiencia Fiscal Marginal (EFM) prácticamente nula,
lo que lo define técnicamente como un gasto estéril que no genera efectos
multiplicadores en el desarrollo económico.
El mantenimiento del subsidio ha impedido capturar beneficios sociales masivos. En
años de alta presión fiscal, el costo de oportunidad superó los USD 8.000 millones
anuales, recursos que habrían tenido un retorno del 56% superior si se hubieran
invertido en salud o educación.
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El beneficio del subsidio es capturado mayoritariamente por los estratos más ricos de la
población, donde transferir USD 1 a los pobres puede costar al Estado hasta USD 20
debido a la filtración hacia los sectores con mayor capital.
La evidencia técnica respalda la eliminación del subsidio y su reemplazo por
transferencias directas focalizadas (como el incremento del Bono de Desarrollo
Humano). El ahorro fiscal derivado de eliminar esta distorsión siempre supera el costo
necesario para compensar a los sectores vulnerables, permitiendo una mejora en el
sentido de Pareto para la sociedad ecuatoriana.
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